Este viernes 3 de junio, se cumplen siete años del primer Ni Una Menos, el movimiento feminista contra la violencia de género surgido en 2015 en Argentina y que luego se trasladó al resto del mundo. Colectivos feministas, organizaciones sociales y referentes políticas realizaron un documento con 41 puntos de reinvidicaciones, donde se reclama que "se garantice el acceso al sistema de justicia para mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans y no binaries".
Nacionales03 de junio de 2022
Redacción El Día de Higueras
El documento incluye una reforma que garantice el acceso a la justicia a las mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans y no binaries y castigue el asesinato de mujeres, además se pide la aplicación en todo el país de la ley de interrupción voluntaria del embarazo.
"A 7 años de nuestra primera movilización, volvemos a confluir en esta jornada de lucha contra los fundamentalismos reaccionarios, misóginos y racistas para decir #NiUnaMenos #VivasLibresyDesendeudadesNosQueremos #ElEstadoEsResponsable", comienza el documento con las firmas de varios colectivos militantes y feministas.
Entre el centenar de organizaciones y personas que firman el documento figuran Taty Almeida de Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora; Ni Una Menos; la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y la Asamblea Feminista de la Villa 31 y 31 bis.
El texto tiene 41 puntos de reinvidicaciones, entre las que destaca en primer lugar "¡Basta de Justicia patriarcal!" y se reclama "una reforma judicial feminista que garantice el acceso al sistema de justicia para mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans y no binaries".
Como segundo punto, se exige "el cumplimiento de la ley de patrocinio jurídico gratuito sancionado en 2015 con perspectiva de género" y se recalca que "los procesos legales no deben revictimizarnos".
En esa línea, se reclama por "un sistema judicial que no invisibilice la realidad de niñeces y adolescencias víctimas de abuso sexual" al tiempo que se exige terminar con la aplicación "del falso Síndrome de Alienación Parental (SAP) y de la persecución a las madres protectoras".
"Justicia por Arcoiris en La Rioja. Defendamos infancias libres de abusos. Basta de complicidad del Poder Judicial. Libertad para su madre", figura en otro punto del documento, que también exige el "esclarecimiento inmediato del asesinato mafioso, misógino y patriarcal de Claudia Benítez en Misiones, creadora de la red de taxis ENTRE NOSOTRAS".
A su vez, se demanda que se garantice "la aplicación de la Ley de IVE en todo el país. ¡Niñas, no madres!" al tiempo que se pide la "efectivización de la Educación Sexual Integral ¡YA! Por una ESI con perspectiva de discapacidad, educación inclusiva y feminista".
El documento también sostiene el reclamo de "búsqueda y aparición con vida de Tehuel ¡YA!", en referencia a Tehuel de la Torre, el joven trans que fue visto por última vez en marzo de 2021 cuando dejó su casa de la localidad bonaerense de San Vicente para encontrarse en Alejandro Korn con Luis Alberto Ramos, un hombre que tenía un antecedente de homicidio en ocasión de robo que le había prometido trabajo como mozo.
"Por la autonomía de nuestros cuerpos y territorios. Basta de extractivismos, contaminación, incendio y privatización del territorio. No hay supervivencia posible para la especie humana aniquilando las demás formas de existencia. Exigimos una Ley de acceso a la tierra y de soberanía alimentaria sostenidas en un modelo productivo no extractivo y comunitario", es otra de las reivindicaciones.
Los colectivos feministas reclaman también "derecho a la vivienda como algo sustancial para nuestras autonomías", "salario básico universal que garantic e dignidad y derechos laborales para las trabajadorascomunitarias", "la sanción de la ley integral de cuidados" que tramita en el Congreso y declarar la emergencia nacional en violencia por motivos de género.
Fuente Télam
En un fallo histórico, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó este martes por unanimidad los recursos presentados por la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la denominada "causa Vialidad". La sentencia establece una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El Gobierno nacional oficializó este jueves, mediante la publicación en el Boletín Oficial, la modificación de la ley 25.871 que regula la política migratoria del país. A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 366/2025, se introdujeron cambios significativos en el régimen migratorio, entre los que se destacan el endurecimiento del acceso a la ciudadanía y la residencia, y la posibilidad de arancelar servicios de salud y educación para extranjeros que no cuenten con residencia permanente.
El plan busca incentivar el consumo y la circulación de dinero no bancarizado mediante la eliminación de controles fiscales sobre gastos personales, la suba de umbrales de fiscalización y un nuevo régimen de Ganancias centrado en la facturación. Se dejarán de reportar operaciones como compras con tarjeta, ventas de autos e inmuebles y consumos de servicios públicos. Además, se enviará una ley al Congreso para blindar la confidencialidad de los fondos incluidos en este esquema.
La iniciativa obtuvo 36 votos a favor y 35 en contra, quedándose a un solo voto de la mayoría requerida de 37. El proyecto buscaba impedir que personas condenadas en segunda instancia pudieran postularse a cargos electivos nacionales.
El acuerdo establece una suba escalonada del 5,4% entre abril y junio, además de sumas fijas que se incorporarán al básico desde julio. Con la aplicación completa de la nueva escala, el salario básico para los empleados de comercio con presentismo superará el millón de pesos, alcanzando los $1.123.000.
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